El acuerdo suscrito entre los gobiernos de México y Estados Unidos el pasado 20 de febrero fue ratificado por el Senado el pasado 12 de abril. Pese a las lagunas que podría contener, con el voto de 69 senadores a favor se abrió aún más la controversia. ¿Implica una pérdida de soberanía frente a los intereses norteamericanos? ¿Las empresas privadas estadounidenses quedan vinculadas y obligadas a respetar el acuerdo suscrito por su gobierno, o solo exigirán los beneficios? o ¿Se trata de la defensa de la soberanía nacional y de los mejores intereses de México, como nos dice Labastida? Sólo el tiempo nos dirá...
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