La actitud asumida por las compañías petroleras, así como un profundo nacionalismo y el deseo de cumplir con su programa político, económico y social, fueron los motivos por los cuales Cárdenas decretó la expropiación de los bienes de las compañías petroleras el 18 de marzo de 1938. La oposición ante el Derecho Internacional fue, a decir de algunos autores, nula, dado que se trató, para fines jurídicos, de un asunto meramente interno, dada la cláusula Calvo, discutida desde el Constituyente de 1917.
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