jueves, 24 de mayo de 2012

Nacionalismo



El petróleo es indudablemente un recurso estratégico a nivel global. Todo en la actualidad gira en torno a él y es indudablemente un elemento de disputa entre las naciones desde tiempos relativamente remotos. En México no fue la excepción.  Pese al derecho heredado por la nación al independizarse, las grandes industrias capitalistas pudieron acaparar la riqueza del subsuelo por disposición del liberal gobierno porfirista. Todo por haber omitido incluir entre las normas fundamentales lo relativo a los bienes de la nación.

En efecto, México, desde que entró al concierto de las naciones independientes, omitió mencionar en sus diversos textos constitucionales lo relativo a la propiedad del subsuelo. Tácitamente se puede interpretar que a través de los diversos ordenamientos la nación conservó el dominio directo de los bienes del subsuelo dado que, con la independencia, se transmitieron al Estado mexicano todos los derechos que tenía la Corona Española en el territorio de la nación. 

Fue la política liberal de los distintos gobiernos independientes la que llevó a considerar al dueño del suelo como propietario también del subsuelo, de lo cual queda constancia en los distintos códigos mineros y leyes de finales del siglo XIX. Ahí germinó la disputa entre un derecho originario de la nación y un supuesto derecho adquirido por los particulares.

En 1938 Cárdenas decreta la expropiación de la industria petrolera. Su determinación tuvo por objetivo hacer valer el Estado de Derecho en su forma más completa y conveniente para la nación. Sin embargo, no actuó arbitrariamente. Tenía a su disposición la Constitución de 1917 y en especial lo dispuesto en el artículo 27. Estaba facultado para expropiar por causa de utilidad pública mediante indemnización a toda compañía, ya fuera nacional o extranjera. Fue a través de este medio que El gobierno cardenista pudo dar solución al conflicto que se tenía desde 1917 por la supuesta retroactividad de las normas constitucionales.

 De esta forma el gobierno mexicano, en pleno ejercicio de su soberanía, recuperó para sí y para beneficio de la sociedad uno de los bienes que desde siempre fue suyo.

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